La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará el caso de Fulton contra la ciudad de Filadelfia durante su próximo mandato (que comienza en octubre de 2020). El caso surgió después de que la Ciudad de Filadelfia dejara de remitir a los niños a los Servicios Sociales Católicos (CSS) para la colocación en hogares de guarda porque la agencia se negaba a trabajar con parejas del mismo sexo, violando así la ordenanza de no discriminación de la Ciudad, así como los términos de su contrato con la ciudad. CSS demandó a la ciudad alegando, entre otras cosas, que las acciones de la ciudad violaron sus derechos de libre ejercicio de la religión. Buscando una orden judicial contra la Ciudad, CSS perdió en el tribunal federal de primera instancia y luego nuevamente en la apelación. Con la aprobación de la revisión por parte de la Corte Suprema, Fulton está destinado a ser un caso histórico sobre la cuestión de si las agencias de bienestar social operadas por religiones que reciben dólares de los contribuyentes en virtud de contratos con el gobierno pueden estar exentas de tener que cumplir con las leyes contra la discriminación.

Muchas personas dependen de entidades financiadas por el gobierno como CSS para satisfacer necesidades esenciales: alimentos, vivienda, atención médica y más. Fulton podría sentar las bases para la reversión de las protecciones de las que dependen los más vulnerables de nuestra comunidad para garantizar la igualdad de acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, una decisión a favor de CSS podría ser invocada por un refugio para personas sin hogar operado religiosamente para rechazar a cualquier persona que no se ajuste a las creencias religiosas del refugio, incluidas las personas LGBTQ necesitadas.

Existe la posibilidad de que una decisión en el Fulton El caso podría llegar a significar que casi cualquier entidad religiosa, o incluso una empresa privada que haga valer sus creencias religiosas, tendría permiso para negarse a servir o trabajar con cualquier persona simplemente por ser quien es. También podría requerir que el gobierno en todos los niveles financie a los grupos discriminatorios. Es por eso que GLAD trabajará este verano para preparar y presentar un informe amicus curiae en apoyo de la posición de la Ciudad de Filadelfia de que sus acciones con respecto a CSS estuvieron totalmente de acuerdo con una visión adecuada de la ley.

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